El proyecto de Soberanía Nacional ya entró al Congreso, el oficialismo define su tratamiento y la oposición señala puntos “peligrosos”
Un día después del envío del Presupuesto 2027, el Ejecutivo giró el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas. El texto, que también ingresó por Diputados, busca frenar el proyecto petrolero offshore Sea Lion y crea un Consejo de Seguridad Nacional. Ya hay opositores denunciando el “peligro” que generan algunos artículos clave.
La iniciativa, de 133 artículos, todavía no fue girada a comisiones, pero por los temas que afecta debería discutirse en un plenario que incluya a varias comisiones, entre ellas, Defensa, Presupuesto, y Legislación Penal.
Al momento el oficialismo de la Cámara Baja está concentrado en ganar la batalla por Endeudamiento y Discapacidad que tiene fecha límite: tienen que firmarlos a fin de este mes. Por eso, ya dilataron el arranque del debate del Presupuesto para octubre y a esa discusión se sumaría, en paralelo, la discusión del proyecto de Soberanía.
El Gobierno señala que el texto busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas”.
En el primer capítulo el texto deroga la actual Ley 26.659 -de condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina- sancionada en 2011 y detalla un nuevo régimen de sanciones ampliado, no sólo para la actividad hidrocarburífera, sino para cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que incluye potencialmente la actividad pesquera.
Se amplían las prohibiciones para alcanzar a personas o empresas que faciliten o participen en estas actividades, incluyendo determinadas reorganizaciones societarias destinadas justamente a evitar las sanciones.
Se plantea un abanico de penalizaciones que van desde multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y penales.
También se crea un régimen para que quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación. La regularización puede hacerse pagando una o reconvirtiendo inversiones. La autoridad de aplicación para todo esto la designará el Poder Ejecutivo.
El proyecto inaugura un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
La idea es que integre dentro del concepto de seguridad las cuestiones de soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura, ciberespacio y otros.
La oposición está estudiando el proyecto pero ya surgieron denuncias de que el oficialismo busca concentrar facultades extraordinarias, involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior -algo actualmente prohibido por ley- y hacer persecución política.
“Resulta inaceptable respaldar un proyecto que rompe los límites republicanos y pone en riesgo la calidad democrática del país”, sentenció Esteban Paulón, quien consideró que el Gobierno “intenta concentrar el poder en materia de seguridad pública, desdibujar el rol del Congreso e instalar un estado generalizado de sospecha sobre organizaciones y partidos políticos que habilita la persecución”.
MILEI REY 🤴
UNA CAUSA NOBLE Y SENTIDA UTILIZADA PARA CONCENTRAR PODER.El proyecto Malvinas implica un riesgo para la democracia. Detrás de una causa sentida y el llamado a la unidad nacional, el gobierno de @JMilei busca:
➡️Concentrar todo el poder en materia de seguridad… pic.twitter.com/ZlvDKznRl8— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) September 17, 2026
Por otra parte, en el Capítulo VI, de Fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones, el radical Pablo Juliano señaló el artículo 111 que modifica el código penal para imponer penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
“El presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso“, sentenció Juliano.
El ex jefe de gabinete y ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero sentenció: “Es demencial meter en un mismo proyecto de ley dos cuestiones de semejante magnitud. Por un lado, todo el régimen y las sanciones vinculadas a las actividades en Malvinas, derogando prácticamente todo el marco existente; y, por otro, plantear al mismo tiempo una reforma radical del sistema de Defensa y Seguridad, sumándole además modificaciones penales y otros cambios de fondo”.
En esa línea, agregó: “Da la impresión de que la intención es mezclar temas, sobreactuar la urgencia y generar un proyecto deliberadamente abrumador para terminar forzando una aprobación exprés”.
Fuente: www.clarin.com
