El Gobierno amenaza con derogar artículos de la Emergencia en Discapacidad y se tensó el diálogo con los aliados

Sin pausa y sin tregua, el Gobierno volvió a tensionar la relación con los aliados en el Congreso. Esta vez fue al incluir una serie de medidas en el proyecto de Presupuesto 2027 que impulsa la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el mismo oficialismo se mostró dispuesto a negociar con los bloques dialoguistas para bloquear la ofensiva de la oposición y atenuar los costos de una posible prórroga de la ley.

En las propias filas del oficialismo admitieron que desconocían la intención de la Casa Rosada de renovar su tendencia a los recortes en discapacidad cuando la oposición dio muestras en Diputados de avanzar con una prórroga de la normativa que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

La polémica estalló al conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027, que ingresó cerca la medianoche de este martes, al filo de la fecha fijada por ley, propone -entre otras modificaciones- regresar al esquema de pensión por invalidez, que representa el 70 % de la jubilación mínima. De esta manera, quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo.

Otro de los puntos más controvertidos tiene que ver con el esquema del nomenclador: según se prevé en el documento enviado desde el Ministerio de Economía, los valores dejarán de ser universales y liberan a las entidades a determinar las cifras. Es decir que las obras sociales y las prepagas fijarán los valores que se pagarán a los prestadores. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el Indec.

Además, el proyecto de Presupuesto deroga la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. También se fija que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán equitativos para todas las entidades contempladas por la presente ley, además de ser determinados por el directorio de dicho organismo y actualizados según lo dispuesto en el Decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.

Lo cierto es que estas modificaciones generaron tensión entre el oficialismo y los aliados en el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda convocado tras el emplazamiento que impuso la oposición en la última sesión.

En el bloque de la UCR advirtieron que el apartado de discapacidad que incorporó en el proyecto no viene en sintonía con el trabajo que se está realizando en los plenarios. Por eso, la bancada radical decidirá en los próximos días cómo se posicionan

Desde el PRO hubo una bajada similar, aunque desde el espacio que comanda Cristian Ritondo se comprometieron a continuar trabajando con el oficialismo para acordar un cronograma de pagos de las compensaciones adeudas a los prestadores y que no se afecten las prestaciones.

Frente a este escenario, desde el oficialismo hablaron de “un error” en la redacción de la propuesta y deslizaron que esos artículos serán “eliminados” del Presupuesto. Las declaraciones no son garantía de que se vaya a cumplir y cada vez son más los diputados que creen que el presidente Javier Milei terminará por derogar lo que apruebe el Congreso.

Durante el debate en comisión, la oficialista Laura Rodríguez Machado trató de acercar posiciones e insistió en que trabajan en “un proyecto superador”. “Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia”, destacó la diputada por Córdoba, aunque hasta el momento se desconocen los detalles de esa iniciativa.

De acuerdo a lo explicado por Silvana Giudici, la propuesta del oficialismo apunta a “salir de la emergencia para dejar permanente el marco regulatorio de discapacidad”. Desde el oficialismo prometen mantener todos los beneficios, aunque el proyecto enviado por Luis Caputo plantea todo lo contrario.

Desde el peronismo hubo fuertes críticas al Gobierno. El diputado piquetero Juan Marino acusó de querer “destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”, a partir de la derogación de artículos clave de la norma.

Además, el legislador advirtió que con las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo “cada prepaga, obra social o provincia podrá definir valores diferenciados” para cada prestación, lo que a su entender generará “una fragmentación del sistema”.

El debate sobre la Emergencia en Discapacidad continuará el próximo 23 de septiembre, cuando se buscará firmar dictamen de comisión para llevarlo luego al recinto.