Hotesur-Los Sauces: Semana clave para definir cuándo se sentarán en el banquillo de los acusados Cristina y Máximo Kirchner

Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, están cerca de conocer los detalles de cómo se va a realizar el juicio por asociación ilícita, lavado de dinero y, respecto de la ex Presidenta, también dádivas. El viernes se realizará la audiencia preliminar en la cual el Tribunal informará la organización del debate oral y público. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que se aceptarán cerca de 300 testigos.

Presa en San José 1111, la exmandataria cumple la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado corroborada en el caso Vialidad. Desde el 6 de noviembre del año pasado también enfrenta el debate sobre los Cuadernos de las Coimas que la tiene como principal procesada, por el delito de asociación ilícita y la percepción de sobornos en 204 oportunidades.

Por delante, Cristina tiene otro juicio por corrupción con una particularidad: por primera vez compartirá el banquillo de los acusados con su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) será el responsable de llevar adelante el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, con la intervención del fiscal general Diego Velasco.

Para resolver cuándo se dará inicio a ese debate, el TOF 5 -integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni- convocó a una audiencia ordenatoria para el 4 de septiembre.

Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Cristina Kirchner y otros acusados contra el proceso, el fiscal Velasco reclamó en varias ocasiones al TOF 5 que fijen fecha de inicio al juicio por hechos de corrupción contra la exmandataria.

El fiscal entiende que, pese a que se aguarda la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner investigada, el juicio igual podría iniciar. Ante el rechazo inicial del Tribunal, el representante del Ministerio Público apeló ese criterio y su planteo está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la audiencia del 4 de septiembre a las 10 de la mañana, todas las partes intervinientes en el juicio -fiscalía, querellas y defensas- se pondrán de acuerdo respecto a cómo se llevará adelante el debate: cuántos testigos intervendrán, la cantidad de audiencias por semana y los horarios, entre otros detalles.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, a la fecha hay una solicitud total de 400 testigos. El TOF 5 admitirá, 120 testigos en el expediente Los Sauces y cerca de 180 para Hotesur.

Para dar inicio al juicio, el Tribunal entiende que es necesario esperar la conclusión de una de las medidas de prueba impulsada por los magistrados tras un pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: la confección de una pericia contable sobre las dos compañías familiares investigadas por lavado de activos.

Uno de los argumentos del juez Michilini para aguardar dicho estudio técnico antes de que comience el debate fue considerar la trascendencia pública que puedan tener este caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner “no debe trasladarse al proceso de toma de decisiones por parte de los firmantes en detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia”.

Acceder a lo peticionado por el fiscal, se indicó, “resultaría violatorio de las normas procesales vigentes, y además implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de estas actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.

La prioridad, enfatizó el TOF 5 con el voto concurrente del juez Machado Pelloni, es el “control de legalidad del procedimiento, observando con particular celo el cumplimiento estricto de las formas y garantías previstas por el ordenamiento ritual”.

El Tribunal resolvió esperar que terminen las medidas de prueba preliminares ordenadas cuando la Corte Suprema -a finales de 2024- ordenó la realización del juicio a los 16 imputados.

El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.

Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados.

En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse Cristina de una funcionaria, y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Con ese circuito administrativo como telón de fondo, el Tribunal volvió a intimar al perito que fue reemplazado recientemente para que se apure a terminar la pericia contable sobre Los Sauces SA.

Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada y sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera a través de la empresa Valle Mitre. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.

Hace un mes, el presidente del TOF 5, José Michilini desplazó al perito que retrasaba de forma constante la culminación de la pericia contable sobre Los Sauces.

Ante la omisión a las diversas intimaciones cursadas para que se culmine con los puntos pendientes del estudio técnico, se resolvió por parte del TOF 5 la designación de los peritos contables de la Corte Suprema. La medida se estableció con plazo de entrega del trabajo.

Recientemente, se formuló una nueva intimación por parte del TOF 5 para esa medida de prueba sea entregada en los tiempos estipulados.

En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios“.

Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales”, es decir: Cristina Kirchner y su familia.

La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.

A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? De Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales, proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.