La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad: qué cambia y cuándo empezará a funcionar

La Legislatura porteña aprobó este jueves el traspaso de la Justicia Laboral desde la Nación a la Ciudad, uno de los ejes centrales de la reforma laboral de Javier Milei y, a la par, una apuesta de Jorge Macri para avanzar con la autonomía judicial del distrito y poner en funcionamiento un fuero laboral propio.

La votación tuvo 36 votos afirmativos, 2 negativos y 20 abstenciones. El cuerpo ratificó el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el porteño para transferir competencias que actualmente están en manos de la Justicia Nacional del Trabajo. La aprobación, sin embargo, no significa que los juicios laborales cambien de jurisdicción de manera inmediata: ahora comienza la etapa de implementación del nuevo esquema.

El convenio había sido firmado el 9 de febrero por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en representación de Nación, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, por la Ciudad. El Congreso ya le había dado su aprobación dentro de la Ley de Modernización Laboral.

La ratificación de la Legislatura era uno de los pasos necesarios para avanzar con un proceso que el Gobierno porteño considera central para terminar de equiparar a la Ciudad con las provincias en materia judicial.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, festejó la aprobación. “La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas.”

“Es una deuda institucional que la política mantuvo pendiente durante décadas, entre excusas, demoras y falta de decisión. Javier Milei tomó la decisión que ningún otro Presidente se animó a tomar y puso fin a ese inmovilismo. Mientras durante años distintos gobiernos le quitaron recursos y derechos a la Ciudad, hoy se da un paso en sentido contrario: se devuelve autonomía y se reconoce su capacidad para hacerse cargo de sus propios asuntos”, explicó la legisladora de La Libertad Avanza Pilar Ramírez.

Mientras se sesionaba escracharon una de las fachadas de la Legislatura porteña con un mensaje que dice “El fuero se defiende”.

El principal cambio se producirá una vez que el nuevo Fuero del Trabajo porteño esté efectivamente constituido y en condiciones de operar. Por ahora, el fuero va a contar con 10 jueces en primera instancia y una sala y con un sistema de oficina de gestión judicial, que ya se implementa en Córdoba y Tucumán. La idea es agilizar los procesos de la justicia en la Ciudad, basados en la oralidad. Todo esto tendrá lugar en un edificio en la calle Alsina al 800.

A partir de ese momento, las nuevas causas laborales alcanzadas por la transferencia deberán iniciarse ante la Justicia de la Ciudad. Los expedientes que hayan comenzado antes de esa fecha, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución definitiva.

El acuerdo establece expresamente ese sistema para evitar una migración masiva de expedientes entre tribunales y garantizar una transición progresiva entre ambas estructuras. Esto significa que, durante un período, convivirán los dos fueros: la Justicia Nacional seguirá trabajando sobre las causas que ya tiene abiertas, mientras que la porteña irá absorbiendo los nuevos expedientes.

No todas las competencias laborales nacionales serán transferidas. El convenio mantiene en la órbita federal, entre otros asuntos, determinados conflictos colectivos, cuestiones vinculadas con asociaciones sindicales y expedientes en los que sea parte el Estado Nacional.

Con la aprobación legislativa comienza ahora la etapa más compleja: montar la estructura necesaria para que el nuevo sistema pueda funcionar. El convenio establece un período de hasta 180 días para que la Ciudad avance con la selección de jueces e integrantes del Ministerio Público y adopte las medidas presupuestarias, administrativas y operativas necesarias.

Entonces, entrará en vigencia tras la aprobación del acuerdo específico posterior sobre la transferencia de recursos para su implementación. El Consejo de la Magistratura porteño terminó los primeros concursos y envió a la Legislatura los pliegos de los candidatos para ocupar los cargos iniciales de la Justicia del Trabajo.

La estructura aprobada originalmente por la Legislatura a fines de 2024 contempla diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones integrada por seis magistrados, divididos en dos salas. También se sancionó entonces un Código Procesal específico para el fuero laboral porteño.

En paralelo, el Ejecutivo de Jorge Macri impulsa una ampliación de esa estructura para afrontar el volumen de litigios laborales que actualmente tramita en los tribunales nacionales. En la administración porteña apuntan a que el nuevo fuero pueda comenzar a funcionar durante el primer trimestre de 2027. Es decir, las causas de competencia de la Ciudad se van a tratar ahí.

La votación de este jueves tiene además otra consecuencia para el Gobierno porteño porque permite avanzar frente a uno de los principales obstáculos judiciales que había encontrado la iniciativa: después de que la Ciudad aprobara en 2024 las leyes para crear su propia Justicia del Trabajo, una cautelar del fuero Contencioso Administrativo Federal suspendió su aplicación. La resolución sostuvo que CABA no podía comenzar a ejercer esas competencias sin alcanzar previamente los acuerdos necesarios con el Estado Nacional para realizar una transferencia ordenada.

La suspensión debía mantenerse hasta que hubiera una sentencia de fondo o hasta que Nación y Ciudad concretaran esos acuerdos institucionales. Por eso, el convenio ratificado este jueves era una pieza clave de la estrategia porteña: busca despejar la objeción que había frenado la puesta en funcionamiento del fuero y habilitar el avance hacia la transferencia efectiva.

El traspaso tiene detrás una discusión institucional que lleva más de tres décadas. Desde la reforma de la Constitución de 1994, los distintos gobiernos porteños reclaman que la Ciudad pueda ejercer plenamente las competencias de la justicia ordinaria, como sucede en las provincias. Avanzar en la autonomía de la Ciudad es una política central en la gestión de Jorge Macri.

El despacho aprobado por la Legislatura cita distintos pronunciamientos de la Corte Suprema que respaldaron ese proceso. Entre ellos aparecen los fallos “Corrales”, “Bazán” y “Levinas”. En “Bazán”, el máximo tribunal llegó a cuestionar el “inmovilismo” en la transferencia de competencias y sostuvo que esa demora afectaba las facultades de autogobierno porteñas.

Pero detrás del argumento de la autonomía también existe una fuerte disputa política sobre la Justicia Nacional del Trabajo.

Tanto sectores del PRO como del Gobierno nacional vienen cuestionando el funcionamiento del fuero y hablan de una “industria del juicio”. También acusan a algunos de sus magistrados de mantener posiciones cercanas al kirchnerismo, una caracterización que es rechazada desde sectores judiciales, sindicales y de la oposición.

Para el alcalde la aprobación de este jueves representa así uno de los avances institucionales más importantes de su gestión en la disputa por ampliar las competencias propias de la Ciudad.