Caso Vialidad II: una insólita situación obligó a suspender el inicio del juicio por corrupción

Una situación sin precedente condujo al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a suspender la primera audiencia del debate que juzgará el expediente conocido como Vialidad II, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner se encuentra condenada por corrupción. El principal acusado, Sandro Férgola, y sus abogados no se presentaron pero estaban en Comodoro Py. “Es una afrenta al Tribunal, una provocación y sólo buscan dilatar el juicio”, sostuvo un participante del proceso.

El caso Vialidad fue organizado en tres tramos durante la etapa de instrucción. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, firmó la sentencia condenatoria contra Cristina, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco imputados. Ese fallo obtuvo firmeza en junio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos de las defensas.

Mientras, en Comodoro Py avanza el juicio que se concentra en el segundo tramo.

Conocido como Vialidad II, este expediente tiene acusados a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario), Julio Mendoza (ex presidente de la constructora), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Férgola, ex funcionario de Vialidad que debía controlar a Báez.

El hijo de Báez y el ex contador de Austral Construcciones firmaron un juicio abreviado, admitiendo la culpabilidad atribuida en la etapa de instrucción.

Este jueves -tal como informó en tiempo y forma el TOF 2- , se daba inicio al juicio por Vialidad II. En el banquillo de los acusados debía estar Férgola, quien se presentó sin sus abogados defensores, Arce y Labombarda. Los letrados, sin embargo, se encontraban en Comodoro Py.

En la Sala Auditorium (conocida como AMIA), a las 9 de la mañana, el TOF 7 dio inicio a una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas. Con modalidad mixta, es decir, algunos participan de forma presencial y otro de manera remota, los abogados de Férgola -también imputado en dicho expediente- se encontraban participando de este debate.

Cuando una persona cuenta con más de un proceso penal, la superposición de audiencias es habitual. Sin embargo, ante tal circunstancia el TOF 2 que lleva adelante el juicio de Vialidad II, hace diez días ordenó a la defensa de Férgola que designen un abogado sustituto. No lo hicieron ni se presentaron, y la situación devino en la suspensión de la audiencia, ya que tal como consideraron los magistrados “no estaban dadas las garantías procesales”: un imputado no puede afrontar el debate sin su debida representación letrada.

Lo llamativo, indicaron fuentes judiciales, es que “en el caso Cuadernos declaraban testigos de la fiscalía, no de la defensa de Férgola, y no suelen ir presencial a excepción del día de la indagatoria”. El comportamiento de los asesores letrados fue interpretado como una “provocación, una afrenta al Tribunal” que tendrá una respuesta por parte de los magistrados.

Los integrantes del Tribunal informaron a los abogados, que podían designar un sustituto hasta septiembre, mes en el que el TOF 2 podía cambiar de días de audiencia para que no se superponga con Cuadernos.

Una fuente judicial añadió a Clarín que siendo dos abogados, “uno podría haber ido uno a Cuadernos y el otro a Vialidad II”, y se puso como ejemplo la defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que se dividieron cuando hubo superposición en los debates de Skanska y Odebrecht.

Sin embargo, ponderó otra fuente de los tribunales de Retiro, “los abogados de Férgola tomaron una posición inflexible. Seguramente con el propósito de impedir el inicio del juicio”.

En todos los años que el TOF 2 preside juicios y en los que interviene el fiscal Diego Luciani, consignaron fuentes judiciales, “no se presenció jamás una situación semejante”.

Ante estos sucesos y durante la audiencia que se celebraba en la Sala SUM, ubicada en el subsuelo de Comodoro Py, el fiscal Luciani pidió la palabra: “la situación había sido puesta en conocimiento del Tribunal con anterioridad por el doctor Arce, y que lo ocurrido se asemeja a un desconocimiento de la propia decisión del Tribunal, en tanto la cuestión ya había sido resuelta y motivó oportunamente un recurso de reposición que fue respondido”.

El representante del Ministerio Público expresó que se trata de una situación “previsible y conocida por los doctores Arce y Labombarda, motivo por el cual solicita que se extraigan testimonios respecto de esa conducta, en la medida en que -a su criterio- resulta contraria a lo dispuesto por el Tribunal, máxime cuando el propio Código Procesal Penal prevé la vía de designación de un abogado sustituto”.

Ante los integrantes del TOF 2 y las demás partes intervinientes, Luciani consideró que se está ante una “situación irregular”, en cuanto “determina la postergación del inicio del juicio”. La doctora Teich, en representación de la querellante Unidad de Información Financiera, adhiere en su totalidad a la postura invocada por el Ministerio Público Fiscal”.

A las 9.44 de la mañana la audiencia se dio por concluida. El juicio no pudo comenzar y se reanudará recién el 6 de agosto cuando concluya la feria judicial de invierno.

“Un servicio de justicia eficiente y de calidad requiere del compromiso de los jueces, los fiscales y también los abogados de las partes. Estos comportamientos, que desafían la autoridad del Tribunal, conspiran contra la celeridad que debería imprimirse a los casos de gran corrupción, que tanto daño provocaron a la sociedad argentina”, expresaron a Clarín fuentes judiciales.

El fiscal Luciani y su par Sergio Mola anticiparon ante el Tribunal que “no se van a tolerar ni las dilaciones ni las chicanas que afecten el debido proceso”.

Durante la etapa de instrucción, el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques dieron por acreditado que los expedientes de obra pública vial en los que habían intervenido las empresas de Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional, “estuvieron signados por numerosas irregularidades”.

Entonces se sostuvo que esos problemas tenían “relevancia penal, al evidenciar múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado período temporal, coincidente con una misma administración de gobierno”.

En el análisis de los 51 contratos por 46.000 millones de pesos que recibió durante la gestión kirchnerista el Grupo Austral, hubo “acciones u omisiones que presentaban como común denominador el beneficio de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, que se traducía a su vez en un perjuicio económico para el Estado Nacional”. La cifra del fraude al Estado, actualizada, asciende a 685.000 millones de pesos.

En este debate, postergado por el accionar de los defensores de Férgola, también comparecen Gustavo Gentili y Fernando Abrate, quienes decidieron no firmar el acuerdo de juicio abreviado.

El tramo de la causa que será analizado en ese juicio oral tiene que ver con los distintos trámites administrativos “que resultaron en la adjudicación de obras a favor del grupo Báez” y las irregularidades omitidas en esos procesos, como la concurrencia de distintas empresas de Lázaro a una misma licitación; la adjudicación de las obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución de las empresas; falta de disponibilidad de equipamiento suficiente para la ejecución de las obras, la infrecuente celeridad en la tramitación de los expedientes de obra, entre otras.

Todo posibilitó que Austral Construcciones- de la que Martín Báez posee un 5% de las acciones-, sea la principal adjudicataria de los contratos viales en Santa Cruz.