Tras el fallo de la Corte Suprema, aún faltan decisiones clave para rematarle los bienes a Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia le puso punto final a la discusión sobre la actualización del decomiso en el caso Vialidad. Esta decisión consolida el dinero a devolver por parte de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados en la causa. Por delante, queda la instancia final del proceso: la ejecución patrimonial donde la ex Presidenta perderá 20 propiedades. Pero, ¿qué falta para que finalmente se ejecuten todos los bienes?

Para que se rematen la palabra final también la tendrá la Cortes Suprema. Es porque los acusados presentaron todo tipo de recursos para intentar frenar las ejecuciones.

En el máximo tribunal nadie arriesga plazos. Las últimas quejas ingresaron hace menos de un mes. “No es sólo el reclamo de Cristina Kirchner, sino también de otros condenados”, indicó una fuente judicial.

Sin un calendario fijado al respecto, fuentes del edificio de calle Talcahuano, explicaron que el objetivo es que “la mayor parte de los bienes vuelvan a la sociedad, como lo expresó el Tribunal (que ejecuta la pena)”.

Para la Justicia, el objetivo del decomiso es impedir que el “delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”. La medida cumple una función reparadora del “daño social causado”, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción.

Los primeros condenados que buscaron dilatar dilatar aún más la ejecución de bienes, fueron la ex presidenta y Lázaro Báez. Ambos se opusieron al último fallo de la Cámara de Casación que confirmó que se debe proseguir con el decomiso.

Así fue como el expediente llegó ante la Corte Suprema. Para Cristina evitar el decomiso es clave. Si avanza, se quedaría sin propiedades, incluido el departamento de San José 1111 donde hoy está presa por el fraude al Estado. también perdería hoteles, sus casas en Río Gallegos y El Calafate y hasta los casi 5 millones de dólares que le allanaron a su hija Florencia Kirchner en una caja de seguridad.

Con el fallo de la Corte Suprema de este jueves ya se sabe cuánto deben devolver. Un total de $685.000 millones. También están identificados todos los bienes a rematar, vender o ceder. “Sólo resta iniciar con el proceso, porque la última queja de los imputados no tiene efecto suspensivo”, analizó una fuente de Comodoro Py.

Los tiempos pueden ser largos, reconocen en la Justicia. “Demandará tiempo, son muchos los planteos”, deslizó una fuente judicial.

A la gran cantidad de quejas acumuladas, se suman otros planteos, como el de la Unidad de información Financiera (UIF), que considera que los bienes susceptibles de decomisos en causas por lavado de activos deben ser administrados por el organismo especializado en dicha materia.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Es potestad de la Corte determinar el destino de los bienes recuperados en expedientes de corrupción, lavado de activos, narcotráfico. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.

El TOF 2 informó que se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.

El objetivo final, como escribieron los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es emitir un claro mensaje a la sociedad. En los delitos de corrupción el decomiso “cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

El primer listado incluye 111 bienes radicados en la ciudad de El Calafate, que fueron cedidos en partes iguales a Máximo y a Florencia Kirchner. Se avanza sobre el patrimonio de los hijos de la ex Presidenta, porque se determinó que las propiedades, los hoteles, las empresas y el dinero que cedió a título gratuito y en partes iguales en 2016 fueron incorporados a su patrimonio cuando se desarrolló la maniobra defraudatoria del caso Vialidad.

En la orden de decomiso se consignó un inmueble anotado bajo la titularidad de Cristina Kirchner y otros 19 cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Se trata de inmuebles comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

¿Cuáles son? Todos los departamentos del complejo ubicado en Río Gallegos, sobre la calle Mitre 535. Fue adquirido, consignaron, por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007. Se trata de un edificio que construyó Lázaro Báez y que se concretó con la firma de un fideicomiso.

Otra de las propiedades se encuentra, también en la capital santacruceña, sobre la calle 25 de Mayo 255, un inmueble que compró el ex presidente el 6 de septiembre en 2010.

Sobre la avenida principal de Río Gallegos, “Presidente Néstor Kirchner” 490, se encuentra otro inmueble que el Ministerio Público Fiscal quiere ejecutar. El mismo fue obtenido por el ex mandatario el 22 de septiembre de 2006.

Finalmente, las últimas dos propiedades se ubican en El Calafate: la primera fue adquirida el 7 de diciembre de 2007 por Néstor Kirchner y el 20 de febrero del año siguiente se sumó otro terreno. Este último después fue cedido por Cristina Kirchner a Lázaro Báez a cambio de otro terreno que otorgó el dueño del Grupo Austral para que la ex presidenta amplíe su hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces.