Caso Cuadernos: más testigos hablaron de retiros millonarios en dólares de empresas que pagaban coimas al kirchnerismo

En el marco del juicio del caso Cuadernos y por pedido del Ministerio Público Fiscal desde la semana pasada una extensa lista de exfuncionarios y actuales integrantes del ARCA comenzaron a declarar en carácter de testigos. La fiscal Fabiana León se concentra en esta etapa en el comportamiento fiscal de un gran grupo de compañías que pagaban sobornos al Estado para garantizarse la adjudicación de contratos, obras y concesiones. Este martes se habló de retiros de 2,4 millones de dólares en efectivo de Electroingeniería, otros movimientos inconsistentes de empresas vinculadas al tramo de la “camarita” de la Construcción y que hubo una orden judicial para establecer si “existieron movimientos espurios” de las compañías investigadas.

Para la Justicia, según confirmaron los magistrados de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para el cobro sistemático de sobornos, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros.

En este marco, el contador Pedro Puyo fue el primer testigo de la audiencia de este martes. Como ex funcionario de la AFIP tuvo la responsabilidad de fiscalizar a empresas que se encuentran bajo investigación en este juicio.

Entre las tareas asignadas, Puyo tuvo que fiscalizar a la firma Electroingeniería -presidida en su momento por Gerardo Ferreyra- en los años 2015 y 2016. Es decir “previo al caso” que se está juzgando, pues el expediente de los Cuadernos de las Coimas inició en agosto de 2018. Sin embargo, la maniobra investigada -la recaudación de fondos ilegales que pagaban los empresarios-, se desarrolló entre 2003 y 2015.

El contador relató ante el TOF 7 que durante la tarea de fiscalización, se “detectaron algunas inconsistencias” en la contabilidad de Electroingeniería.

Cuando la fiscal León, pidió mayores precisiones respecto a los movimientos de fondos de la compañía de Ferreyra y Osvaldo Acosta, contó: “Enviaban fondos a empresas de medios de comunicación. Estas empresas no eran propiedad de los socios de Electroingeniería sino de sus hijos, a través de otras empresas inversoras”.

Frente a las aclaraciones que solicitaba el Ministerio Público, el testigo consignó que no se arribó a “ninguna conclusión definitiva sobre esas operaciones”.

Puyo relató que en su momento se determinó un retiro de efectivo de unos “dos millones de dólares” y añadió que ese movimiento de fondos “llamó la atención”. Antes de concluir su testimonial corrigió la cifra y precisó que se trataba de 2,4 millones de dólares. En ese mismo contexto, expresó que la compañía “iba a pérdida”.

El contador Puyo sostuvo ante el Tribunal de juicio que durante la instrucción del caso Cuadernos, el juez Claudio Bonadio pidió la fiscalización de un grupo de personas jurídicas y físicas.

La finalidad del pedido era “determinar determinar si existían financiamientos espurios. Recuerdo esa expresión porque no es habitual y debíamos buscar si había financiamiento espurio en esas empresas durante el período fiscalizado”, detalló Puyó.

Cuando la fiscal León le expuso una serie de documentos, reiteró que el retiro en efectivo de 2,4 millones de dólares constatado había sido “para atesoramiento”.

Según consta en el expediente, Gerardo Ferreyra, entonces presidente de Electroingeniería, recibió ocho obras por 471.363.53896 pesos.

Después del contador Puyo, subió al estrado su colega María Eugenia Lanza, actual integrante del ARCA. Detalló que en 2018 integraba la división Comprobaciones Externas de la dirección fiscalización de Grandes Contribuyentes.

Se le mostró una planilla expuesta como parte de la documentación que integra la prueba de la causa, donde constaban empresas y dueños de compañías. Al respecto Lanza señaló que se trataba de firmas con proveedores apócrifos.

Fue entonces que explicó que cuando hay compañías con proveedores apócrifos “esa plata se va a algún lugar. Hay que seguir la trazabilidad de esa plata, revela una salida de dinero”. Pero cuando la fiscal le preguntó si los movimientos son efectivo, como los retiros de fondos en dólares por ventanilla, se pueden rastrear, la contadora respondió: “Si es efectivo se pierde el rastro”.

La tarea emprendida se realizó en base a una planilla que el ex financista Ernesto Clarens aportó cuando se convirtió en imputado colaborador: eran las compañías que acudían a él para que las coimas pagadas en moneda nacional, se convirtieran en dólares.

¿Cómo fue el trabajo realizado? Se analizaron los rubros correspondientes de las planillas y allí “se detectaban diferencias de montos de dinero”. Una de las firmas sobre las cuales se le consultó era Decavial, propiedad de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción.

Este último se convirtió en imputado colaborador y ante la justicia federal contó cómo se instauró el circuito de cartelización en el marco de la Cámara. En ese tramo del caso Cuadernos se determinó que hubo pagos ilegales en 175 oportunidades, cuya beneficiaria final fue Cristina Kirchner.

El dinero ilegal representó más de 171 millones de pesos. Del otro lado del mostrador, lo que la justicia federal definió como “pactos venales”, estaban los empresarios que se vieron beneficiados con la adjudicación de obras públicas: sólo a 17 compañías les adjudicaron 355 contratos por más de 37.000 millones de pesos mientras pagaban los sobornos.

Las acusaciones que refieren al tramo conocido como la “Camarita” -es decir el mecanismo que posibilitó la cartelización de la obra pública vial- movió más de 30 millones de dólares.

En lo que concierne a Decavial, se especificó que a lo largo de cuatro años hubo extracciones en dólares por un monto aproximado de 11,8 millones, según las cifras consignadas por la testigo. “El trabajo consistió en aparear esas extracciones con los hechos relatados por Clarens”, añadió la contadora Lanza, quien reiteró que luego de que se retirara el dinero por ventanilla “no sabemos”.

La testigo indicó que en las operaciones bajo estudio hubo retiros de efectivo, que en algunos casos eran de 300 mil dólares.

Bajo ese mismo comportamiento se analizó a Esuco, propiedad también de Wagner y otra de las firmas que fueron parte de las cartelización de la obra pública vial a través de “la camarita”.

A la hora de describir la existencia de un circuito de sobornos desde la Cámara de la Construcción y sobre el cual se pidió la fiscalización de la ex AFIP respecto al movimiento de fondos de las empresas investigadas, se detalló que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%– o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”, se escuchó a lo largo de la audiencia.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que el anticipo financiero era “normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra”.