Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para los cuatro imputados de la Armada

La causa judicial que busca determinar las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este lunes en una etapa definitoria. En una audiencia que dio inicio a los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos penas de prisión para los cuatro exoficiales imputados por la tragedia que provocó la muerte de 44 tripulantes.

Tras varias horas de exposición, la Fiscalía pidió cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada al momento de la tragedia, y cinco años de prisión efectiva para Claudio Villamide, ex capitán de navío, comandante y máximo responsable de la Fuerza de Submarinos.

También requirió cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento, y tres años de prisión para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien ocupaba cargos vinculados a operaciones y comunicaciones dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Todos ellos son acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

Los pedidos de la Fiscalía llegan después de meses de debate oral, decenas de audiencias y más de noventa testigos que pasaron por la sala del TOF de Río Gallegos. Ayer, los fiscales expusieron durante diez horas la teoría acusatoria con la que buscarán demostrar que el submarino navegó en condiciones deficientes y que quienes tenían responsabilidades de conducción, control y supervisión incumplieron deberes esenciales que pudieron haber evitado la tragedia.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Por el Ministerio Público Fiscal participaron Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, quienes dividieron la exposición para abordar distintos aspectos de la causa. También dijeron presente los querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras y los cuatro imputados junto a sus defensores.

El primero de los fiscales en tomar la palabra fue Pruzan, quien repasó la acusación elevada a juicio y reconstruyó la cadena de mandos que existía dentro de la Armada Argentina en el momento de la última misión del ARA San Juan. Allí subrayó los papeles de López Mazzeo y Villamide para darle contexto a las órdenes operativas que se emitieron por entonces y que culminaron con la misión encomendada al submarino.

La Fiscalía sostuvo que cuando el ARA San Juan zarpó desde Mar del Plata, el 25 de octubre de 2017, lo hizo en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”.

A partir de documentación incorporada al expediente, los fiscales remarcaron que, tras la reparación de media vida concluida en 2015, la nave acumuló una serie de desperfectos técnicos que, si bien en algunos casos fueron corregidos, mantuvieron vigentes problemas considerados relevantes para la seguridad operacional. Uno de los puntos centrales de la acusación fue la situación del mantenimiento: el submarino había superado en 26 meses el plazo reglamentario previsto para ingresar a dique seco y realizar tareas esenciales contempladas por el fabricante.

“La falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina”, recordó Pruzan al leer parte del requerimiento de elevación a juicio, según reproduce La Opinión Austral.

La acusación también reconstruyó los hechos ocurridos durante la navegación final. De acuerdo con la teoría fiscal, el 14 de noviembre de 2017 se produjo el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número tres a través del sistema de ventilación, situación que derivó en un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Para la Fiscalía, las consecuencias de ese episodio afectaron de manera crítica la seguridad del submarino y desembocaron horas después en la pérdida de control de la unidad.

Posteriormente, el fiscal Julio Zárate desarrolló una extensa exposición técnica apoyada en documentación y material gráfico. Repasó reparaciones pendientes, limitaciones operativas y trabajos de mantenimiento que, según la acusación, nunca fueron completados. En tanto, Lucas Colla se enfocó en las responsabilidades funcionales de cada uno de los acusados.

Recordó que Villamide era la máxima autoridad operativa de la Fuerza de Submarinos, López Mazzeo encabezaba el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Hugo Correa ocupaba cargos vinculados a operaciones y comunicaciones dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos, mientras que Héctor Alonso era jefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento.

Uno de los momentos más contundentes de la jornada llegó con la exposición de María Garmendia, quien concentró su alegato en la situación de Claudio Villamide. Repasó su trayectoria dentro de la Armada y recordó que había integrado la dotación del propio ARA San Juan durante distintos períodos de su carrera. Remarcó que durante el debate quedó acreditado que existían numerosas novedades técnicas pendientes y limitaciones operativas conocidas por la cadena de mando.

En ese contexto recordó que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente el ingreso del submarino a dique seco meses antes del hundimiento. “Hizo el pedido formal, de la manera habilitada, queda en manos de los superiores qué es lo que tenían que hacer”, afirmó.

Otro de los puntos que resaltó fue la postergación de una inspección de seguridad que, según la acusación, debía realizarse antes de la tragedia. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, señaló. “El incumplimiento del mantenimiento de la nave estaba a cargo de Villamide”, agregó.

Durante el tramo final de la audiencia, Pruzan abordó específicamente las responsabilidades atribuidas a Héctor Alonso y Hugo Correa. Respecto de Alonso, sostuvo que la evidencia reunida durante el juicio contradijo la imagen de un funcionario meramente administrativo, como quiere demostrar la defensa. Según el fiscal, Alonso tenía pleno conocimiento del estado de la nave y omitió impulsar medidas de control que podrían haber reducido el riesgo.

En cuanto a Correa, la acusación señaló presuntas falencias en la planificación operativa, el asesoramiento brindado a los superiores y la gestión de las comunicaciones. “Conocía a la perfección el estado en el que se encontraba el submarino. No veló por un servicio de comunicaciones rápido y seguro”, expresó Pruzan.

Este martes será el turno de las querellas, que expondrán su propia valoración de la prueba reunida durante el debate. Después llegarán los alegatos de las defensas y, finalmente, las últimas palabras de los acusados.