Advierten que el fallo que avaló la mudanza de la AFA servirá para que otras asociaciones eluden los controles del Estado

El ex inspector General de Justicia Daniel Vítolo volvió este viernes a cuestionar duramente el fallo de la Sala D de la Cámara Civil que avaló la mudanza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires y sostuvo que los camaristas Juan Converset, Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia que intervinieron en la causa, “no leyeron el expediente”.

Para Vítolo, el criterio utilizado por la Cámara Civil implica un riesgo institucional porque permitiría que una entidad civil, a partir de ahora, pueda evitar controles nacionales simplemente obteniendo una inscripción en otra jurisdicción.

“La Cámara dice que como la provincia de Buenos Aires aceptó a la AFA y que la IGJ dejó de tener jurisdicción. Eso es un error enorme. Ningún acto administrativo provincial puede hacer desaparecer un control nacional establecido por ley”, afirmó.

Y agregó: “Si esto fuera así, cualquier asociación civil, club o fundación que tuviera problemas con un organismo de control podría mudarse a otra provincia y dejar de responder ante la jurisdicción de origen”.

En declaraciones a Dato sobre Dato, por Ecomedios, Vítolo afirmó que durante su gestión la AFA tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente a los requerimientos de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculados a sus balances y negó que el organismo haya autorizado el cambio de jurisdicción, tal como sostiene el polémico fallo de esa cámara.

“A la AFA se la intimó para que explicara cuestiones vinculadas con los balances. Fue notificada, concurrió a la Inspección General de Justicia, tomó vista del expediente, presentó un descargo, adjuntó documentación y sus auditores fueron a explicar la situación”, afirmó.

Según el ex funcionario, la discusión se originó porque la IGJ había solicitado explicaciones adicionales sobre la información contable presentada por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

“La AFA intentó explicar algunas cuestiones, pero la Inspección consideró que esas explicaciones eran insuficientes y pidió mayores precisiones. A partir de ahí sostuvo que ya no tenía que responder porque supuestamente estaba en la provincia de Buenos Aires”, señaló quien fue titular de la IGJ hasta marzo pasado pero el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo echó y lentificó la investigación administrativa.

Vítolo rechazó uno de los argumentos centrales del fallo de la Cámara Civil, que sostuvo que la IGJ no había garantizado el derecho de defensa de la AFA. “No sé de dónde sacan esa idea porque contradice todas las constancias del expediente”, sostuvo.

El ex titular de la IGJ también negó que durante su administración se haya aprobado el traslado de domicilio de la AFA desde la histórica sede de la calle Viamonte 1366 hacia Pilar.

“Nunca hubo un acto administrativo de la Inspección General de Justicia diciendo que la AFA podía irse de la jurisdicción nacional y quedar bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Explicó que el certificado emitido por la IGJ sobre la situación de la entidad no implicaba una autorización para mudarse. “Cuando una institución quiere cambiar de jurisdicción tiene que iniciar un trámite, reformar el estatuto, inscribirlo y recién después puede concretarse el cambio”, explicó.

Según Vítolo, la AFA le había dado un certificado a la AFA en 2024 por su intención de trasladarse a la provincia, pero nunca completó los pasos formales exigidos por la normativa.

“La resolución de una asamblea diciendo que se va a mudar no alcanza. Tiene que reformar el estatuto, establecer el nuevo domicilio, presentar esa reforma ante la jurisdicción de origen y obtener la cancelación de la matrícula. Eso nunca ocurrió”, aseguró.

El ex funcionario también cuestionó que la discusión sobre el domicilio de la AFA haya coincidido con otros expedientes judiciales que involucran a la entidad.

Recordó que uno de los argumentos utilizados por el camarista de San Martín Alberto Lugones para asignar esa causa penal al juzgado de Campana había sido que la AFA ya tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires.

“Lo cierto es que cuando la AFA dijo que se había mudado, siguió funcionando en la calle Viamonte. El domicilio tiene que ser efectivo: tiene que existir un lugar donde puedan notificarse las autoridades y realizarse inspecciones”, sostuvo.

En ese sentido mencionó las inspecciones realizadas en el predio de Pilar donde la AFA había fijado su domicilio, y afirmó que los funcionarios encontraron un lugar sin actividad efectiva. “Había un pastizal, una casa abandonada y no había oficinas funcionando”, señaló.

Vítolo también se refirió a la decisión del Ministerio de Justicia de designar veedores en la AFA y sostuvo que la cartera revisó el expediente antes de adoptar esa medida.

“El ministro fue prudente. Dijo que primero iba a revisar si había irregularidades y después tomó una decisión. Revisó el expediente y designó los veedores”, explicó.

Según relató, los funcionarios enviados por el Ministerio de Justicia no pudieron ingresar a distintos lugares vinculados a la entidad.

“No los dejaron entrar a la sede de Viamonte, al predio ni a la Superliga. Después pidieron la nulidad de la designación”, afirmó.

Para Vítolo, no corresponde atribuirle al actual ministro de Justicia una responsabilidad por el conflicto. “En este tema respaldó la actuación de la Inspección General de Justicia y la designación de veedores”, sostuvo.

Finalmente, el ex titular de la IGJ cuestionó la validación judicial de la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA hasta 2028.

Sostuvo que la esta misma sala D de la Cámara Civil había avalado anteriormente una interpretación que permitió la continuidad del dirigente pese a cuestionamientos sobre el cumplimiento del estatuto.

“Es muy particular que una asociación pueda violar el estatuto y la ley si todos están de acuerdo”, afirmó.

Vítolo comparó esa situación con antiguas maniobras políticas en algunas provincias donde funcionarios adelantaban elecciones para asegurarse cargos futuros.

“Si ese criterio fuera válido, cualquier gobernante podría decir que está en un buen momento y llamar a elecciones antes de tiempo para asegurarse la continuidad”, planteó.

Y concluyó: “El adelantamiento de una elección en un momento donde alguien tiene un fuerte control sobre una estructura permite garantizar muchos años más de poder”.