Mansión de Pilar: avanza la designación del juez que podría investigar el expediente

Mientras se espera una definición sobre en qué juzgado se debe investigar la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en paralelo se avanzó con la designación de uno de los jueces que podría investigar el caso.

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para cubrir la vacante en el juzgado en lo Penal Económico 10, uno de los tribunales que se disputa la intervención de la causa.

Cuatro postulantes están en carrera para ocupar ese juzgado. El concurso pasará ahora al Poder Ejecutivo donde el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberán elegir a uno para proponer su nombramiento al Senado.

Se trata de uno de los juzgados que investigan las causas de delitos económicos, como el contrabando, pero que se volvió relevante porque allí puede volver la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión. Hay trabada una disputa de competencia entre ese tribunal y el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se encuentra actualmente. La decisión la debe tomar la Cámara en lo Penal Económico.

El Consejo aprobó por 18 votos a favor y dos abstenciones la terna del concurso 430 para cubrir la vacante en el juzgado Penal Económico 10 que actualmente subroga la jueza María Verónica Straccia.

El primer lugar de la terna fue para Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py. Sin embargo, Labadens no será el elegido. El Senado de la Nación aprobó la semana pasada su pliego para ser juez de menores. Solo resta que el presidente Milei firme su designación.

El segundo lugar fue para María Juliana Márquez, secretaría de la Fiscalía Federal 1 de Comodoro Py. Matías Latino quedó en el tercer lugar de la terna. Latino es secretaría de la Cámara Federal de San Martín. Ese tribunal es el que tiene jurisdicción sobre el juzgado de Campana, donde está hoy la causa de la mansión.

Los postulantes se cerraron con María Pérez Cárrega en la lista complementaria de la terna. Pérez Cárrega es secretaria letrada del integrante del Consejo Alberto Lugones, que por esa circunstancia fue uno de los que se abstuvo de votar el concurso. Pero además Lugones es juez de la Cámara Federal de San Martín y en ese rol fue el que resolvió que la causa por la casa pase al juzgado de Campana, lo que le valió críticas porque utilizó como argumento que la AFA tiene su sede en Pilar, lo que todavía no fue aprobado.

De todos esos nombres, el gobierno debe elegir a uno y no está obligado a seguir el orden de mérito del concurso. Ese proceso se da mientras se espera una definición sobre en qué juzgado se debe investigar la causa.

Se trata del expediente por la compra de la casa de 105 mil metros cuadrados con helipuerto que está a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para comprarla. Y se sospecha que es de Toviggino porque, entre otros motivos, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los Telepase de 54 autos de lujo y colección que estaban en la casa y que tenían cédulas azulas para que los manejen familiares del tesorero de la AFA.

A pedido de la defensa de Pantano y Conte la causa pasó en enero pasado al juzgado de Campana. El caso entró en una controversia sobre dónde debe investigarse. Todos los fiscales que intervinieron dijeron que debía regresar al fuero Penal Económico.

A mediados de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que dispuso que la causa tramite en Campana y le ordenó a la Cámara Penal Económico que dicte una nueva resolución. El tribunal ya está en condiciones de hacerlo pero la defensa de Pantano y Conte le pidió “la inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia”.

El planteo fue hecho porque la defensa apeló el fallo de Casación para que intervenga la Corte Suprema y ratifique el caso debe seguir en Campana. Los acusados entienden que hasta que el máximo tribunal no analice el expediente, la Cámara Penal Económico no puede resolver.