A poco de una nueva cumbre, el Mercosur avanza en comercio, pero se profundizan las tensiones políticas por la relación con Trump

A pocas semanas de una nueva cumbre presidencial, esta vez en Paraguay, el Mercosur se encuentra en un balance mixto: entendimientos internacionales comerciales significativos, pero una dura tensión política que sigue erosionando la cohesión del bloque.

Mientras el sector privado y productivo ya empezó a hacer uso de la apertura de nuevos mercados en Europa con la entrada en vigor de manera provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (el 1 de mayo pasado), las diferencias estratégicas entre sus principales socios se profundizan en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la reconfiguración de la disputa global entre Estados Unidos, y China.

El dato más relevante del último año fue precisamente la entrada en vigor del acuerdo de ese TLC Mercosur y Unión Europea, que busca también frenar la pérdida de mercados frente al avance chino en Latinoamérica, un socio histórico. El pacto creó una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con entre el 20 y el 30 por ciento del PBI mundial y 700 millones de potenciales consumidores. Fue presentado por los gobiernos sudamericanos como una oportunidad histórica para ampliar exportaciones e inversiones.

Pero ahora, entre el 29 y 30 de junio, los cancilleres y presidentes del Mercosur -y el 27 y 28 sus coordinadores nacionales– se reunirán en Asunción en una cumbre que exhibirá dos realidades contrapuestas. La integración económica y la política.

En el centro de esas tensiones políticas aparecen las diferencias irreconciliables entre Milei y Lula. Y sobre todo, los gestos contrarios de ambos frente a la impronta de Trump y las decisiones incondicionales de Milei hacia los Estados Unidos, algunas de las cuales en el pasado se hacían con consultas previas en el bloque, porque los compromisos asumidos pueden afectarlo.

Uno de los temas más sensibles es el acuerdo comercial buscado por Argentina y estados unidos en febrero pasado. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pidió explicaciones formales sobre su contenido y los alcances de ese entendimiento.

Las fuentes consultadas advierten no sólo que no se las han dado sino que tampoco pasaron estos acuerdos por un análisis riguroso de las áreas bajo la órbita del canciller Pablo Quirno para ver si incumplen como se dice acuerdos de Argentina con la Organización Mundial de Comercio, el Mercosur y con la UE: la Consejería Legal y la Secretaría de Relaciones Comerciales Internacionales. Eso podría, afirman las fuentes, podría ocasionarle problemas hasta legales a los funcionarios.

Clarín sabe que en el gobierno en Brasilia considera que cualquier acuerdo comercial o estratégico con Washington debe ser compatible con las obligaciones asumidas por la Argentina dentro del Mercosur y con el TLC que acordó este enero pasado con la Unión Europea, y está vigente de manera provisoria desde el 1 de mayo.

La preocupación también alcanza a sectores empresarios, legisladores y dirigentes de la oposición argentina. Hasta ahora, el gobierno evitó explicar públicamente los alcances de los compromisos asumidos con la administración Trump, que exige la aprobación de una batería de leyes en escaso tiempo, algunas de las cuales tendían impacto positivo en la economía, pero otras son incompatibles con los socios comerciales, como los aspectos que le dan trato prioritario a Estados Unidos y a sus empresas.

La cuestión se volvió aún más delicada después de que Quirno presentara un pedido adhesión al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, según sus siglas en inglés y que en algunas traducciones aparece como “Integral y Progresista”), uno de los mayores acuerdos de mayor apertura comercial en el mundo.

La nota fue entregada por el secretario de finanzas, Pablo Quirno, al ministro de Comercio e Inversiones de nueva Zelanda, Todd McClay, cuyo país actúa como depositario del tratado. Uruguay también avanzó con un pedido similar.

El CPTPP reúne a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam: en conjunto, representan cerca del 13% del producto bruto mundial y alrededor del 15% del comercio global.

Desde el gobierno destacan que la incorporación permitiría ampliar el acceso de los productos argentinos a un mercado de 595 millones de consumidores. Según datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas hacia esos países alcanzaron los 16.329 millones de dólares y generaron un superávit comercial de 8.930 millones.

Sin embargo, la decisión también abrió interrogantes políticos internos y dentro del Mercosur. En Brasil, una alta funcionaria calificó el movimiento argentino como un gesto “triste”, aunque hasta el momento el gobierno de Lula evitó expresarse oficialmente.

En lo interno también tiene impacto pese a que el Gobierno no consultó con los sectores implicados. Será el primer acuerdo comercial internacional de Argentina en el que estará como par con el Reino Unido, y es incierto el rumbo que tomará dentro de esa membresía, el reclamo argentino de soberanía de las Malvinas

Detrás de todos estos episodios aparece un cambio más profundo en la política exterior argentina. Milei abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales y adoptó una estrategia de alineamiento prácticamente incondicional a Trump.

Cerca del gobierno argentino no ocultan sus preferencias por una derrota electoral del líder brasileño en su intento de reelegir y observan con simpatía una eventual victoria de Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.

Ese alineamiento con Washington ya no se limita a cuestiones diplomáticas o comerciales. También se extiende a la cooperación militar, la incorporación de tecnología estadounidense para las fuerzas armadas argentinas, la utilización de sistemas de inteligencia artificial desarrollados en EE.UU y la firma de compromisos conjuntos en materia de lucha contra el crimen organizado y los llamados narco terroristas.

Este último es un tema de enorme sensibilidad. Argentina y Paraguay entraron al llamado Escudo de las Américas, un enfoque de seguridad distinto al consensuado originalmente en el Mercosur y al que no entraron ni Brasil ni Paraguay. La administración Trump acaba de declarar como organización terrorista a los carteles de la droga brasileños Comando Vermelho y Comando Capital. Ello podría ampliarse a una guerra militar contra las mismas como la que lleva adelante Estados Unidos en el Caribe. Argentina, Bolivia -nuevo miembro pleno del Mercosur- y Paraguay quedaron comprometidos.

Días atrás, el presidente Santiago Peña -cuyo país ejerce la presidencia pro témpore del bloque- organizó en Asunción una cumbre sobre crimen organizado. Debían ir los ministros de Seguridad y Justicia de Argentina, que optaron en cambio asistir a otra cumbre organizada en Chile por José Antonio Kast y bajo el auspicio de los Estados Unidos para para apoyar a Rodrigo Paz, de Bolivia.

Otro frente de conflicto aparece en el Parlasur. La discusión sobre una eventual reincorporación de Venezuela bajo el gobierno de Delcy Rodríguez divide aguas. Todos están más o menos de acuerdo que así sea, salvo el gobierno de Milei que, a su vez desfinanció por completo los viajes de los legisladores del Parlasur. Nunca cobraron sueldo pero sí viáticos. La crisis de este cuerpo legislativo del Mercosur es creciente.

Milei no confirmó aún si va a viajar o no a Paraguay para el traspaso de la presidencia del bloque a Uruguay desde julio a a diciembre. Pero en su gobierno todos consideran que debería hacerlo. En julio de 2024 pegó un faltazo porque viajó a Camboriú a un encuentro de la conferencia de los conservadores conocida por sus siglas de CPAC. A su vez Lula también se ausentó en la de enero pasado, y en la que se dio el paso histórico de firmar el TLC del Mercosur con la UE. En el fondo, y en la superficie, de estos desplantes está el gran conflicto entre los actuales presidentes de Argentina y Brasil.