El Gobierno busca que el Senado apruebe el acuerdo para pagarles US$ 171 millones a los fondos buitre

En medio de las tensiones generadas por la disputa de los pliegos judiciales, el Gobierno buscará este jueves alzarse en el Senado con la media sanción de dos proyectos clave para la administración de Javier Milei. Se trata de un acuerdo para pagarles a los fondos buitre unos US$ 171 millones y un proyecto que impulsa la inviolabilidad de la propiedad privada.

Ambas propuestas serán debatidas en una sesión convocada para las 11 que genera un gran expectativa no sólo porque pondrá a prueba el estado de la relación del oficialismo con el PRO, la UCR y los bloques provinciales sino también por la situación interna de La Libertad Avanza.

Sobre todo luego de que la propia jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se manifestara en contra de la decisión de Javier Milei de bajar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli por ser la cuñada, Hugo Alconada Mon, el periodista de La Nación que viene investigando (entre otros temas) el caso $Libra que involucra al Presidente y su hermana Karina.

El caso Michelli marcó diferencias entre los libertarios puros, que apoyan las decisiones del Gobierno sin cuestionar, y los dirigentes que se sumaron tras la llegada de Milei al poder o que ya manifestaron diferencias en hechos anteriores.

En ese escenario, la Casa Rosada busca mantener la tendencia de victoria que viene cosechando en el Congreso desde diciembre con la nueva conformación de las cámaras y avanzar con la aprobación del Acuerdo de Conciliación con los holdouts.

El convenio incluye a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund. El dato es que el acuerdo está vigente hasta el 30 de junio y si pasa el Senado deberá ser tratado por Diputados, donde el oficialismo también tendría el número para aprobarlo. Aunque previamente tendrá que pasar comisión.

Este acuerdo iba a ser tratado en una sesión convocada en mayo pero tuvo que volver a comisión porque se incluyeron algunos bonos que no estaban en el texto original y se tuvo que modificar la fecha de vencimiento para cumplir con el trámite parlamentario.

Se trata de la cancelación de los bonos soberanos en default que compraron de la crisis de 2001 y que fueron reclamados ante la justicia de Estados Unidos. El acuerdo fue aprobado en marzo de este año por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York.

Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Mientras que Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un reclamo desde el 2014.

Lo cierto es que estos fondos holdouts son los que confiscaron la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y tenían sentencias firmes a su favor por cifras millonarias porque se negaron a entrar en los sucesivos canjes que ofrecieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, y de Mauricio Macri en 2016.

En otro orden, el oficialismo también buscará avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo modificaciones durante el tratamiento en comisión.

La norma plantea procesos más rápidos, por vía sumarísima de los desalojos; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble “en supuestos de verosimilitud del derecho -“bajo caución juratoria y con control judicial suficiente”-; y la modernización de los sistemas de notificación, con la incorporación del domicilio electrónico.

Además, la propuesta prevé darle a la justicia más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones y se eliminan restricciones a la venta de tierras a extranjeros aunque cada provincia conserva la jurisdicción plena de su territorio.

El temario se completa con las propuestas de creación de una segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, impulsado por el radical Maximiliano Abad y otro de reestructuración y división de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, presentado por Beatriz Ávila, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo.