Sueños Compartidos: Schoklender reveló que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo para inventar denuncias contra el PRO

El ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

En ese marco, reveló que Eduardo Barcesat, abogado defensor de los derechos humanos, habló con Hebe Pastor de Bonafini, “para que le transmita a Aníbal Fernández, que en aquella época monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, era medio el dueño de todo…”.

“Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”, continuó.

Y dijo que Barcesat “la convenció a Hebe, que habló con Anibal y se armó un centro de investigación dentro de la universidad (de las Madres de Plaza de Mayo), que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat, que tenía solamente la función de hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO”.

De acuerdo con los registros, en 2008, año que Aníbal Fernández era ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el abogado fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

“Ese era un subsidio fijo”, aclaró sobre los aportes que recibía Barcesat para presuntamente impulsar las denuncias permanentes contra el PRO. Estas declaraciones las hizo en el marco de una enumeración de las distintas formas de financiamiento que tenía la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Y continuó: “También conseguí una suma de dinero del Ministerio de Trabajo, que pagaban todos los meses para ayudar a completar el sueldo de los trabajadores. Pero no lo cobraba la fundación, sino que iba directo a la cuenta de los trabajadores. No era una suma muy importante, pero era una ayuda más para capacitación”.

“Nos manteníamos a pulmón”, agregó y luego, al pasar, mencionó al fallecido mandatario venezolano: “De Chavez sí tuvimos aportes…Huguito. Alguno se perdió en el camino”, recordó.

Previamente, había comentado que la fundación tenía “varias fuentes de ingreso”, aunque “la principal eran los excedentes de Sueños Compartidos, porque si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”.

“Otras fuentes eran la fabricación de paneles, donaciones de grupos de apoyo del exterior, venta de publicaciones, muchos actores y actrices, personajes de la farándula, festivales que se hacían…”, enumeró.

Cuando fue consultado por subsidios estatales, dijo que hubo “alguna vez, no permanente”, como el caso de la radio de Madres de Plaza de Mayo, que tuvieron “una propaganda de la empresa concesionaria de la Hidrovía”.

Esta es la segunda oportunidad en que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se defiende ante el Tribunal Oral Federal 5, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.

Cuando declaró en el inicio del debate dijo que la Fundación funcionaba como un aparato militante del kirchnerismo, por orden de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. Sostuvo que la expresidenta de Madres usaba los recursos recibidos para movilizar a la gente contratada y asistir a actos y eventos políticos.

El juicio oral sobre Sueños Compartidos investiga una presunta administración fraudulenta al Estado nacional ocurrida entre marzo de 2008 y junio de 2011 cuando las Madres de Plaza de Mayo recibieron del gobierno de Cristina Kirchner 748 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales en todo el país a través de ese programa.

La acusación es que 206 millones de pesos de ese monto total fueron desviados y no se utilizaron en la construcción de viviendas. La causa tiene un segundo tramo por presunto lavado de dinero de esos fondos a través de empresas de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

El abogado K Barcesat presentó numerosas denuncias penales y pedidos de juicio político contra periodistas independientes y funcionarios del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre las más relevantes figuran:

. En el 2019, promovió en España un juicio por lawfare contra los periodistas que investigaron a Cristina Kirchner, Jorge Lanata, Nicolas Wiñazki, Luis Majuy y Daniel Santoro. Ese mismo año promovió se presentó como abogado del empresario K Gerardo Ferreira.

· Contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña, Germán Garavano y otros ministros por el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en 2016, especialmente el que declaró la emergencia en seguridad y habilitó el derribo de aviones. Los acusó de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

· Contra Patricia Bullrich por presunta “violación de secretos” al difundirse datos sobre custodias y domicilios vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.

· Contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. La denuncia fue por presunta “desaparición forzada”, “encubrimiento” y abuso de autoridad.

· Contra Mauricio Macri y el entonces ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile por asistir al acto inaugural de la Sociedad Rural Argentina mientras el Estado litigaba judicialmente por la venta del predio de Palermo.