Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

Gabriel Mizzau, el contador del ex juez Marcelo Bailaque y del capo narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según trascendió en fuentes judiciales, Mizzau reveló a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico que debía investigar, además de reconocer cómo lavó dinero para las empresas armadas por el líder narco. El acuerdo de colaboración se conoció justo horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si vota enviar a juicio político al juez Gastón Salmain, otro de los jueces de Rosario procesado por corrupción.

La figura de Mizzau es central: es más, la suerte de Bailaque como juez comenzó a sellarse a mediados de 2024 cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, cuando –precisamente- el magistrado debía investigara al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales lo denunciaron en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Luego se descubrió que Mizzau no solo era el contador del narco sino también del propio juez.

Según trascendió, ahora, en ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales haber prestado asesoramiento contable entre 2014 y 2018 a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, que pertenecían a Alvarado, para lavar dinero obtenido del comercio de estupefacientes, y haber manipulado los estados financieros para evitar ser descubierto. Pero además Mizzau “aportó información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, que resulta clave en la investigación, revelaron fuentes judiciales. De acuerdo al acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para él una pena de tres años de prisión condicional.

Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Está a un paso de ir a juicio oral, en donde los fiscales ya adelantaron un pedido de pena de 10 años de prisión.

Bailaque renunció el año pasado para evitar el juicio político, dimisión que fue aceptada por el presidente Javier Mileil y desde entonces está con prisión preventiva. Para esa altura, el equipo de fiscales de Rosario, de la PROCUNAR y la PROCELAC, avanzó en la investigación en la que, jaqueado por las revelaciones detectadas en su celular, se arrepintió Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se había orquestado en el juzgado de Bailaque el armado de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra en la que intervino el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos ellos procesados.

Luego Whpei también pidió ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó a través de Busaniche que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa que le permitiera hacerse de dólares oficiales en el gobierno de Alberto Fernández a cambio de una coima para el juez de 200 mil dólares. En esa otra causa, Salmain está procesado, con prisión preventiva confirmada, pero su detención no se concretó porque tiene fueros como magistrado.

Mañana, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá a las 10.30 para resolver si votan el dictamen que recomienda enviarlo a juicio político, luego de haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. Salmain no solo está acusado por esa causa judicial sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por haberle ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros se justificó diciendo que eso había pasado hace mucho tiempo y que no se lo habían preguntado.

La Comisión de Acusación es presidida por el consejero Alberto Maques y está compuesta por los consejeros Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.