El nuevo ajuste del Gobierno golpea a las Fuerzas Armadas: peligra el pago de la luz y el gas en los cuarteles y la comida de los soldados

El nuevo capítulo de la motosierra libertaria, con la decisión administrativa 20/2026 para la ejecución del Presupuesto Nacional 2026 -publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni- introdujo también un nuevo recorte para el Ministerio de Defensa y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, completamente contrario al discurso de Javier Milei y a los temores que incluso infunden sus mensajes nacionalistas.

Pero este nuevo ajuste del 2,6% en la Administración Pública Nacional –aprobado por el Congreso cuatro meses atrás y que impacta en áreas tan sensibles como educación y salud- resulta extremo para la Defensa y generó un fuerte disgusto puertas adentro de la cartera que dirige un militar: el teniente general Carlos Presti.

Este lunes, fuentes de su propia tropa en el Ejército aseguraron a Clarín, al más alto nivel, que la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares.

“Afectará directamente en la parte operativa de la fuerza, en el funcionamiento de la crítica obra social y hasta en el pago de los servicios básicos en las unidades militares de todo el país: luz, gas, agua, entre otros. Por lo tanto, también impactará en la operatividad y el funcionamiento de la Defensa”, dijo a este diario un miembro de la fuerza terrestre, aunque todas las ramas se verán afectadas.

El recorte deja además notablemente relegadas a las Fuerzas Armadas argentinas en comparación con todos sus vecinos, principalmente Brasil y Chile.

La suma calculada por el sitio Zona Militar habla de un recorte superior a los $48.900 milloness, firmado por el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, Rodrigo Germán Cabado, y que afectará a todas las áreas de Defensa, al Estado Mayor Conjunto y a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los números obtenidos por Clarín -y que son contrarios a los dichos del Gobierno sobre que por primera vez en la historia hay una gestión que se ocupa de la Defensa- la fuerza más perjudicada es la Fuerza Aérea, con un recorte de $16.500 millones. Le sigue el Ejército, con una reducción de más de $12.622 millones; y luego la Armada, que pierde $11.820 millones. El Estado Mayor Conjunto pierde $1.962.089.072; el sector civil del Ministerio de Defensa, $6.055.599.531; y el IAF, $55.599.431.

Curiosamente, pese a que el presidente Javier Milei prometió desde helicópteros hasta barcos y submarinos para la Armada, y vehículos blindados para el Ejército, se suspende el crédito externo.

De acuerdo con el anexo de la Decisión 20/2026, la reducción impactará en programas vinculados al alistamiento operacional, la logística, el sostenimiento y el equipamiento de las tres fuerzas. Además, como ya se indicó, elimina el crédito externo destinado a uno de los proyectos de compra más relevantes para la Armada Argentina: la adquisición de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

Clarín consultó también a fuentes a cargo de presupuestos si afectan la compra de los aviones estadounidenses F16 a Dinamarca y afirmaron que “no por ahora pero no se sabe hasta cuándo” y que mucho de ello todavía depende del apoyo que Donald Trump le está dando a Javier Milei.

Llegaron seis de 24 que se compraron, y los pilotos se encuentran en fase de entrenamiento, como parte de un interés mayor de los Estados Unidos para afianzarse en una región donde recela de China. Es decir, excede a la capacidad de Argentina los pueda pagar o no. Es Estados Unidos el que hoy quiere que los tenga a que no los tenga. “Hoy por hoy la prioridad económica y presupuestaria la tienen el programa F16 y luego los institutos de formaciones”, señalaron a este diario pero advirtieron.

El aspecto más significativo de la modificación para el área naval es la supresión de los $10.620 millones de crédito externo asignados al Proyecto 22 “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos, Base Naval Puerto Belgrano”, incluido dentro del Programa 16 de Alistamiento Operacional de la Armada Argentina.

Ese financiamiento, registrado como préstamo externo de largo plazo, estaba destinado a solventar la compra de cuatro aeronaves para renovar parcialmente la capacidad aeronaval de la fuerza, en medio del progresivo envejecimiento de los SH-3H Sea King y los AS555 Fennec actualmente en servicio. La eliminación de esos fondos no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento.

También pierde el ya maltratado Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un aporte importante impulsado durante la segunda gestión del ex ministro de Defensa Agustín Rossi, con el que se buscaba financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, aunque ya había comenzado a deteriorarse durante la gestión del ahora ex ministro Jorge Taiana, cuando se utilizó para comprar insumos básicos y no equipamiento.

Con el ministro Luis Petri empezó a ser destratado y ahora pierde $3.300 millones destinados a equipamiento militar y de seguridad -partidas de capital-.

El Estado Mayor Conjunto también tendrá recortes en el Programa de Planeamiento Militar Conjunto -$1.800 millones menos en equipos de comunicación, repuestos y otros equipos- y en el Sostén Logístico Antártico, con una baja de $960 millones en combustibles, aunque recupera parcialmente recursos en el programa de actividades centrales mediante una mayor asignación para mantenimiento de maquinaria.

La única partida que muestra un incremento relevante dentro de la jurisdicción es la de Sanidad Naval, que recibe una ampliación de $4.000 millones provenientes de recursos con afectación específica, compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza.

Mientras tanto se perpetúa la crisis de OSFA, la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas, surgida de la división de la que fue IOSFA, y que incluía hasta febrero a las de las fuerzas de seguridad. Con una deuda a 2025 de casi $ 300.000 millones, los al menos 600.000 afiliados no encontraban atención ni para las necesidades más urgentes.

La crisis es tan grande que la semana pasada renunció quien debía conducirla en este período de reacomodamiento, el general Sergio Maldonado. El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, del Ejército Argentino, al igual que Presti, fue nombrado en su reemplazo sobre el fin de semana.

Otro tema que es mirado con desconfianza es el recientemente anunciado “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”. Este establece que el 10% de los ingresos generados por la venta o administración de inmuebles del Estado irá a Defensa, porcentaje que trepa al 70% si se trata de bienes que estuvieron bajo su órbita. A eso se suma otro 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas públicas incluidas en la Ley 27.742. En las fuerzas descreen que ese dinero impacte positivamente en su funcionamiento.