Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) volvió a rechazar el pedido del fiscal general Diego Velasco para que se imprima celeridad al proceso y se fije la fecha de inicio del juicio que tendrá en el banquillo de los acusados a Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas en los casos unificados Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, los jueces convocaron a una audiencia ordenatoria para el 4 de septiembre de cara al inicio del debate que aún no se sabe si iniciará a finales de este año o recién en 2027.

Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Cristina y otros acusados contra el proceso, el fiscal Velasco reclamó en varias ocasiones al TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, para que fijen fecha de inicio al juicio por hechos de corrupción contra la exmandataria.

El fiscal entiende que, pese a que se aguarda la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner investigada, el juicio podría iniciar de todas maneras. Ante el rechazo inicial del Tribunal, el representante del Ministerio Público apeló ese criterio y recientemente, fue denegado el planteo.

En la misma resolución, el TOF 5 convocó a todos los imputados a una audiencia preliminar para el 4 de septiembre a las 10 de la mañana. En ese encuentro todas las partes intervinientes en el juicio -fiscalía, querellas y defensas- se ponen de acuerdo respecto a cómo se llevará adelante el debate: cuántos testigos intervendrán, la cantidad de audiencias por semana, los horarios, entre otros detalles.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, a la fecha hay una solicitud total de 400 testigos. El TOF 5 busca determinar si deben ser todos citados para el momento de arranque del juicio.

En el primer rechazo al reclamo del fiscal, el presidente del TOF 5, José Michilini, consideró que los argumento de la fiscalía “no son factores o índices de premura y no pueden ir en detrimento de las condiciones necesarias que establece nuestro código de rito para la fijación de un debate, máxime cuando la norma procesal tiene el interés de proteger el derecho de defensa en juicio”.

En esa línea, entendió que las medidas pendientes “pueden influir y determinar la estrategia de defensa a emplear, sobre todo en el inicio del debate, donde se prevé el planteamiento de cuestiones preliminares y se llama a indagatorias a los acusados”.

Debe señalarse -amplió el magistrado- que la trascendencia pública que puedan tener este caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner “no debe trasladarse al proceso de toma de decisiones por parte de los firmantes en detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia”.

Acceder a lo peticionado por el fiscal, se indicó, “resultaría violatorio de las normas procesales vigentes, y además implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de estas actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.

La prioridad, enfatizó el TOF 5 con el voto del juez Machado Pelloni, es el “control de legalidad del procedimiento, observando con particular celo el cumplimiento estricto de las formas y garantías previstas por el ordenamiento ritual”.

El Tribunal resolvió esperar que terminen las medidas de prueba preliminares ordenadas cuando la Corte Suprema -a finales de 2024- ordenó la realización del juicio a los 16 imputados.

El expediente se concentró en las empresas de la familia Kirchner Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice.

Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral tienen condena firme.

Los imputados también están acusados por haber recibido dádivas, ya que Cristina era la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la instancia de elevación a juicio oral, y es el TOF 5 el responsable de realizar el debate.

Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada, y sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que a su vez sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.

La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces.