El fiscal Stornelli pidió pruebas para determinar si el gobierno favoreció con contratos a la esposa de Adorni
La Justicia federal avanza con una batería de medidas para investigar posibles irregularidades en licitaciones de servicios digitales y presuntos conflictos de interés que involucran al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y a la empresa de su esposa, Betina Angeletti.
¿Favoreció el Gobierno libertario a la empresa de Angeletti con contratos? Es una de las preguntas que se buscan responder en el marco de otra causa que podría complicar al Jefe de Gabinete. Contratos, concesiones del predio de Tecnópolis, soportes tecnológicos, todo se encuentra bajo la lupa.
La denuncia se radicó en el juzgado de Ariel Lijo con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, y es producto de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano. Se busca determinar en este pesquisa la presunta existencia de direccionamiento en licitaciones de mensajería.
Se denunciaron irregularidades en un proceso de contratación de 2025 para servicios de mensajería masiva (SMS, emails y llamadas) adjudicado a la empresa ATX S.A. por 3.650.226.300 pesos.
A su vez, en la presentación se hace referencia a determinados vínculos societarios cruzados: las tres empresas que participaron de la compulsa (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) “tendrían vínculos entre sí”. Por ejemplo, el presidente de Area Tech “fue empleado del presidente de ATX hasta 2022, y varias de estas firmas compartían el mismo domicilio legal en Parque Patricios”.
La justicia federal quiere saber si hubo una posible simulación de competencia, ya que la denuncia sugiere que estas empresas pudieron actuar de manera coordinada para generar una “apariencia de pluralidad en la licitación cuando, en realidad, podrían formar parte de un mismo entramado empresarial”.
De la mano de dicha premisa, también se plantea una posible existencia de sobreprecios y a modo de ejemplo se menciona que en otra licitación similar de la Secretaría de Innovación, el precio por SMS ascendió de USD 0,045 a USD 0,076 por unidad.
La denuncia de Pagano sugiere un esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, ya que la consultora +Be es una empresa de Bettina Angeletti y “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.
Entre sus clientes más relevantes figuran el Grupo Foggia (vinculado a la concesión de Tecnópolis) y el Grupo Datco (proveedor de AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otros).
También sería relevante el vínculo con YPF. La denuncia indica que National Shipping S.A., una naviera contratista de YPF por sumas millonarias, “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”, dice el texto judicializado.
La concesión de Tecnópolis
También está bajo estudio el proceso para concesionar el predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio valuado en aproximadamente 183,3 millones de pesos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que gestiona este proceso, “depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Adorni”.
Pagano indicó ante el juez Lijo que se sospecha de la vinculación entre el funcionario y empresas interesadas que son clientes de su entorno familiar.
En consecuencia, la denuncia se dirige inicialmente contra: Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Bettina Angeletti (titular de la consultora +Be) como así también contra directivos de las empresas involucradas (Rubén Santiago Ward, Pablo Javier Casal, Rodrigo Páez Canosa, Marcelo Dionisio) y la asesora Mara Natalia Gorini.
Las sospechas penales incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
La decisión del fiscal
El juzgado le corrió vista al fiscal Stornelli para que analice si hay elementos suficientes para formular una imputación y así abrir la investigación penal. En primer término, según el dictamen al que accedió Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal resolvió impulsar una serie de medidas de prueba.
Para empezar, se pidieron las contrataciones tecnológicas y de servicios de comunicación del Estado Nacional, para analizar los pagos por envíos de SMS masivos, soporte de software y la explotación comercial de predios públicos.
Como se mencionan una serie de contratos bajo la premisa de que se concretaron de forma irregular, o como resultado de un sistema amañado, el fiscal solicitó que el juez pida una copia de los expedientes administrativos vinculados a áreas críticas de comunicación.
Entre los procesos bajo análisis se encuentran la “provisión de herramientas de seguimiento directo, la contratación de paquetes de mensajería SMS masiva y los servicios de correos transaccionales”. Sobre estos aspectos, la fiscalía solicitó toda la documentación pertinente.
El requerimiento de la fiscalía incluye más medidas de prueba. Se solicitó el envío a Comodoro Py de toda la documentación relativa a la concesión del predio de Tecnópolis, con el objetivo de clarificar las condiciones bajo las cuales se firmaron esos contratos.
Stornelli pidió informes a la Inspección General de Justicia (UGJ) para poder avanzar en la identificación de los verdaderos beneficiarios de las contrataciones cuestionadas. Se requirieron los legajos societarios de siete firmas tecnológicas: Area Tech S.A., ATX S.A. y Movilgate S.R.L, Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware S.A.
¿Qué quiere saber el Ministerio Público Fiscal? La posible existencia de vínculos entre los accionistas de estas empresas y funcionarios públicos, así como confirmar si se trata de estructuras corporativas utilizadas para la cartelización de servicios de software.
Finalmente, la fiscalía considera que es importante reconstruir la ruta de los proveedores. Por ese motivo se solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que a través de la Oficina Nacional de Contrataciones informe si las firmas de gran escala como Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado Nacional.
La Justicia exigió que se adjunten todas las constancias de los procesos en los que estas empresas resultaron adjudicatarias, para determinar si las licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se trataron de “ventanillas” de negocios diseñadas para el beneficio de proveedores específicos.
La investigación no está delegada en el Ministerio Público, por ese motivo las medidas pedidas por Stornelli sólo se materializarán si las ordena el juez Ariel Lijo, quien también investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito aunque esa causa sí se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Fuente: www.clarin.com
